jueves, 3 de noviembre de 2011

El derecho a la educación de calidad

La educación de calidad para todos, debe ser entendida como un bien público y un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación de respetar, promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la población.
El gobierno en sus tres niveles ha llevado a cabo destacados esfuerzos para aumentar la educación obligatoria, mejorar la infraestructura, diseñar nuevos currículos y mejorar la formación de los docentes. Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos para lograr las metas de educación de calidad para todos. Las personas y colectivos más vulnerables se encuentran en una situación de desigualdad en lo que se refiere al acceso, a la continuidad de estudios y a los logros de aprendizaje. Esto muestra la necesidad de mejorar los diseños de las políticas públicas y desarrollar acciones específicas para lograr una educación de calidad para todos. México tiene que dar un salto desde la igualdad de oportunidades en el acceso, a la igualdad de oportunidades en la calidad de la oferta educativa y los resultados de aprendizaje.
Las condiciones del México actual exigen un ciudadano competente, que enfrente los retos del mundo globalizado, que pueda hacer frente a los problemas cotidianos movilizando sus conocimientos, aplicando sus habilidades y asumiendo los valores que la sociedad actualmente reclama.

 Temas de la agenda educativa para transformar el Sistema Educativo

·         Actualización permanente de los docentes
·         Asegurar el derecho a una educación de calidad (Artículo tercero)
·         Mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos
·         Consolidación de competencias para la vida

Asegurar el rol del Estado como garante y regulador del derecho universal a una educación de calidad. El Estado ha de promover, proteger y garantizar este derecho a través de:
Proveer servicios educativos accesibles para toda la población.
Asegurar una oferta educativa plural que permita a los padres elegir el tipo de educación para sus hijos sin que esto atente contra el derecho a la educación.
Definir criterios básicos de calidad para todas las escuelas.
Fortalecer las escuelas públicas y mejorar su calidad.
Establecer regulaciones que eviten las distintas formas de discriminación, mejorando los sistemas de garantía existentes.
Garantizar mecanismos de concertación para abordar las causas que generan desigualdad fuera de los sistemas educativos.
·       Asegurar el derecho a aprender a lo largo de la vida.

La política de Estado en la educación

Las políticas son, en último término, prácticas humanas, por lo que la comprensión de los fenómenos sociales como estructuras creadas y modificadas mediante las acciones de los sujetos es un supuesto primordial. Las personas no se limitan a ejecutar roles previamente establecidos, sino que los crean o modifican a través de sus actos basados en el conocimiento que tienen de la realidad, las reglas y recursos a su disposición, y su poder para impactar sobre el entorno. Por esta razón, muchos de los esfuerzos destinados a modificar “insumos” o “estructuras” se han mostrado insuficientes para transformar las prácticas pedagógicas y lograr más y mejores aprendizajes.


·         Fortalezas:
La gratuidad en la educación
Programas de apoyo (becas, infraestructura y equipamiento)
Planes y programas de estudio

·         Debilidades
Mala administración de los recursos
Centralismo en la creación de políticas educativas
Insuficiente infraestructura para aplicar los planes y programas
Las ineficiencias del sistema educativo se originan en prácticas pedagógicas inadecuadas

·         Perspectivas
Educación de calidad: eficiente y con eficacia
Cobertura 100%
Relevante
Equitativa
Pertinencia

 El financiamiento del Sistema Educativo

El Estado no es una fuente de recursos, sino un espacio institucional que canaliza los aportes que la propia sociedad hace para contar con un orden social dado.
La contribución del sector privado
Siendo la garantía del derecho a la educación -como en el caso de cualquier otro derecho humano fundamental- un asunto de interés público, cabe preguntarse por el rol que agentes no estatales pueden jugar en esta esfera en relación con la provisión de recursos financieros.
Una primera área de contribuciones privadas a la educación es el aporte directo de las familias.
Una segunda opción de aporte privado consiste en la ampliación de la matrícula privada pagada por las familias.
Considerando que el sector empresarial es un beneficiario directo de la educación, dado el efecto que ésta tiene en términos de la elevación de la preparación y productividad de las personas, así como en la consolidación de situaciones de estabilidad democrática, no es de sorprender que un conjunto importante de empresas promuevan acciones de este tipo y que, junto con los estados financieros, se cuente con un Reporte Social Empresarial como forma de rendición de cuentas ante los propietarios sobre el desempeño de las empresas también en este terreno.

Políticas públicas integrales para garantizar acciones diferenciadas que atiendan el acceso, la deserción, el rezago y el alfabetismo como sustento de la calidad y equidad educativa.

Garantizar a toda la población una educación de calidad exige transitar desde políticas que consideran a la educación tan sólo como un bien económico, a políticas que la valoren como un bien público y un derecho fundamental de las personas. Demanda también pasar desde políticas centradas en la ayuda compensatoria en favor de determinados sectores vulnerables, hacia políticas para sujetos de derecho, sin discriminación alguna. Ello obliga al Estado a “hacerse cargo” en forma integral e irreversible a proveer los mejores servicios educativos para todos por su sola condición de ciudadanos.
Ofrecer una educación de calidad sin distinción de ninguna naturaleza implica transitar desde un enfoque equitativo en el que se ofrece lo mismo a todos, que suele reflejar las aspiraciones de las culturas y sectores dominantes, hacia uno que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, y que valore las diferencias como algo que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Integrantes de la mesa de trabajo:

Profra. LLomila González Medina
C. María Leticia González Mora (1° B turno matutino)
Arq. María Margarita Ríos Beltrán
C.P. Alma Belem Muñoz Lares
Profra. Ana Gabriela Moreno Cervantes
C. Daniel Sigala Rodríguez
C. Jorge Luis Chaidez Cabrales
Prof. Juan Gerardo Ledesma Dozal

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